Recientemente, la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción ha logrado inscribir más de 35 propiedades vinculadas a los investigados en el caso ‘Mi Vivienda’, un escándalo que ha sacudido el panorama político y judicial del país. Esta acción se realizó ante la Superintendencia Nacional de Registro Públicos y abarca inmuebles valorados en más de 47 millones de soles, incluyendo propiedades de Sada Goray, Roger Gavidia y Pilar Tijero.
El Poder Judicial había ordenado previamente el embargo de 22 inmuebles pertenecientes a Sada Goray, que se encuentran en diversas localidades como Trujillo, Tarapoto, Moyobamba, Juanjuí y Pisco. Este embargo se estima en aproximadamente 36 millones de soles. La decisión del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional se fundamentó en la existencia de suficientes elementos de convicción que sugieren la implicación de Goray en actividades delictivas relacionadas con la administración pública.
El caso ‘Mi Vivienda’ ha revelado una presunta organización criminal que, según las investigaciones, habría manipulado el poder a través de actos ilícitos, generando beneficios económicos a cambio de la aprobación de proyectos en el Fondo Mi Vivienda. Este escándalo ha puesto en el centro de atención a varias figuras políticas y empresariales, lo que ha llevado a un escrutinio más profundo sobre la corrupción en el país.
La Procuraduría ha manifestado que estas medidas cautelares son necesarias para asegurar que los bienes no sean ocultados o transferidos mientras se desarrolla el proceso judicial. Además, se espera que estas acciones sirvan como un mensaje claro sobre la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
En este contexto, la situación de Juan José Santiváñez, exministro del Interior, también ha sido objeto de atención. Recientemente, el Poder Judicial rechazó un pedido fiscal para dictarle un impedimento de salida del país, lo que ha generado críticas y cuestionamientos sobre su gestión y la seguridad pública en el país. Santiváñez fue censurado por el Congreso, lo que ha llevado a la designación de un nuevo ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, quien tiene la tarea de enfrentar los desafíos de la delincuencia y la corrupción en el sector.
La situación en el ámbito político y judicial sigue siendo tensa, con múltiples frentes abiertos que involucran a figuras clave del gobierno y la administración pública. La ciudadanía observa de cerca cómo se desarrollan estos casos y qué medidas se implementarán para garantizar la justicia y la transparencia en la gestión pública. La lucha contra la corrupción se ha convertido en un tema central en la agenda política, y las acciones recientes de la Procuraduría son un reflejo de la presión social por un cambio significativo en la forma en que se manejan los asuntos públicos en el país.
