En un contexto de creciente inseguridad en Perú, un grupo de cinco partidos políticos ha presentado una propuesta integral para abordar la criminalidad en el país. Este esfuerzo, que busca unificar estrategias y políticas, se enmarca dentro de un diagnóstico alarmante sobre el aumento de la violencia y la actividad delictiva que amenaza la estabilidad nacional.
La propuesta, titulada «Política de Seguridad y Lucha contra la Criminalidad», fue elaborada por especialistas en seguridad de los partidos Popular Cristiano (PPC), Avanza País, Partido Aprista Peruano, Fuerza Moderna y Unidad y Paz, y cuenta con el respaldo de Fuerza Popular. El documento fue presentado en la Cámara de Comercio de Lima y tiene como objetivo ser entregado a la presidenta Dina Boluarte y al Congreso.
El analista político Jaime de Althaus, quien articuló esta iniciativa, destacó que es un esfuerzo inédito en el país, donde diversas agrupaciones han logrado consensuar una propuesta común. Según De Althaus, el documento está abierto a la adhesión de otras fuerzas políticas y organizaciones de la sociedad civil, lo que lo convierte en un «documento vivo» que puede evolucionar con el tiempo.
El diagnóstico presentado en la propuesta señala un desborde criminal que no solo afecta la seguridad ciudadana, sino que también pone en riesgo la seguridad nacional. Con una alarmante tasa de homicidios y la penetración de organizaciones criminales extranjeras, la situación exige una respuesta contundente. Juan Villarán, consultor en seguridad pública y representante del PPC, enfatizó que la ciudadanía demanda una política de Estado unificada y coherente para enfrentar esta ola de criminalidad.
Entre las principales propuestas se destaca la creación de un «comando unificado» contra la criminalidad, que incluiría a las autoridades responsables, como la presidenta, el primer ministro, los ministros del Interior y de Defensa, así como los jefes de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Este comando tendría la responsabilidad de coordinar acciones y estrategias para combatir el crimen de manera efectiva.
Además, se plantea una reforma integral de la Policía Nacional, que incluiría la modernización de las comisarías y el incremento del número de efectivos en las calles. También se sugiere la reestructuración del sistema penitenciario, separando a los reclusos según el tipo de delito y construyendo un «mega penal» para albergar a 20,000 internos, con el fin de evitar que las cárceles se conviertan en «universidades del crimen».
La propuesta también incluye medidas para cortar la cadena de suministro de economías ilegales, como el narcotráfico, y sugiere modificar el Código Penal para establecer penas más severas para los líderes de redes criminales, incluyendo la posibilidad de cadena perpetua sin beneficios. Asimismo, se plantea la necesidad de solicitar al Congreso una delegación de facultades legislativas en materia de seguridad ciudadana por un periodo de 60 días.
El excongresista Jorge del Castillo subrayó la importancia de que partidos políticos, que no forman una alianza formal, se unan para generar consensos en torno a una política de Estado en materia de seguridad. Destacó que la decisión política es fundamental para combatir el crimen y que es necesario dotar de un presupuesto adecuado para implementar estas medidas.
Carlos Neuhaus, presidente del PPC, también se pronunció sobre la relevancia de esta propuesta, señalando que es un claro ejemplo de que se pueden alcanzar consensos en beneficio del país. Fiorella Molinelli, exministra y presidenta de Fuerza Moderna, agregó que este plan multipartidario es una señal de unidad en la lucha por la seguridad de todos los peruanos.
La presentación de esta propuesta se produce en un momento crítico para el país, donde la inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes. La colaboración entre partidos políticos y la inclusión de diversas voces en la elaboración de políticas de seguridad son pasos necesarios para enfrentar los desafíos que presenta la criminalidad en Perú. La implementación de estas medidas dependerá de la voluntad política de las autoridades actuales y futuras, así como del compromiso de la sociedad civil para apoyar estas iniciativas.
