Recientemente, un audio atribuido a Patricia Muriano, exasistente de la presidenta Dina Boluarte, ha generado controversia al afirmar que la operación a la nariz de la mandataria fue de carácter estético. Esta revelación, que se ha difundido a través de un programa de televisión, ha reavivado el debate sobre la transparencia y la ética en el gobierno actual.
En el audio, Muriano detalla que la intervención quirúrgica se llevó a cabo en la Clínica Cabani y que la presidenta se ausentó de su agenda pública durante más de una semana tras la operación. Según la exasistente, la presidenta se sometió a la cirugía a pesar de que inicialmente se había indicado que no era necesaria. La conversación sugiere que hubo irregularidades en el manejo de su historia clínica, insinuando que esta pudo haber sido falsificada.
Muriano menciona que, a pesar de que el médico Mario Cabani no estaba autorizado para realizar la operación, se le permitió hacerlo. Además, se hace referencia a un supuesto pago de favores al médico, lo que plantea serias preguntas sobre la ética en la atención médica de la presidenta. La exasistente también menciona que Boluarte se quejó de tener un «huequito» en su abdomen tras la cirugía, lo que añade un matiz personal a la narrativa.
El audio no solo se centra en la cirugía estética, sino que también revela el papel influyente de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, en el gobierno. Muriano describe cómo Nicanor ha tenido un control significativo sobre ciertos aspectos administrativos, lo que ha generado tensiones dentro del entorno político de la presidenta. La exasistente afirma que, a pesar de las advertencias de Dina, Nicanor continuó involucrándose en decisiones gubernamentales, lo que ha suscitado críticas sobre la posible nepotismo y la falta de límites en el ejercicio del poder.
La situación se complica aún más con la investigación que enfrenta Dina Boluarte por abandono de cargo, relacionada con su falta de comunicación sobre la cirugía. La Fiscalía de la Nación está evaluando si hubo infracción constitucional al no informar sobre la intervención quirúrgica, lo que podría tener repercusiones legales significativas para la presidenta.
Este escándalo ha llevado a un aumento en la presión mediática y política sobre Boluarte, quien ha redoblado sus ataques contra la prensa y el sistema judicial, acusando a ambos de actuar con sesgo en su contra. La presidenta ha manifestado que no teme a los ataques y que continuará defendiendo su administración, a pesar de las acusaciones que enfrenta.
La respuesta del gobierno a estas revelaciones ha sido de desdén, con funcionarios defendiendo la integridad de la presidenta y cuestionando la veracidad de las afirmaciones de Muriano. Sin embargo, la situación ha puesto en evidencia la fragilidad de la confianza pública en la administración de Boluarte, especialmente en un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son más necesarias que nunca.
A medida que se desarrollan los acontecimientos, la atención se centra en cómo la presidenta manejará esta crisis y si podrá mantener su posición frente a las crecientes críticas y la presión de la oposición. Las implicaciones de este escándalo no solo afectan a Boluarte, sino que también plantean preguntas sobre la gobernanza y la ética en el servicio público en Perú.
