El Poder Judicial ha programado para el 11 de abril un juicio oral contra Vladimir Cerrón, exgobernador regional de Junín y fundador del partido Perú Libre, en relación con el Caso Chupaca. Este proceso se centra en la solicitud de una reparación civil que asciende a casi tres millones de soles, presentada por la Procuraduría Anticorrupción de Junín. La acusación sostiene que Cerrón y otros exfuncionarios incurrieron en actos de corrupción que perjudicaron al Estado.
El caso se origina en la ejecución de la obra de mejoramiento del circuito vial Chupaca, donde se alega que Cerrón favoreció a un consorcio vial mediante pagos indebidos. Aunque la acción penal por negociación incompatible prescribió en 2020, la Procuraduría ha continuado con la acción civil, argumentando que los daños causados al Estado deben ser reparados.
La defensa de Cerrón, liderada por su abogado Luis Miguel Mayhua, argumenta que su cliente no puede ser responsabilizado por decisiones que no le competen, dado que su especialidad es la medicina y no la administración de obras públicas. Mayhua también ha señalado que el juicio no tendrá consecuencias penales para Cerrón, ya que se trata únicamente de la reparación civil.
El juicio se había programado inicialmente para el 20 de marzo, pero fue suspendido debido a la falta de notificación de uno de los acusados. La nueva audiencia se llevará a cabo en el Sexto Juzgado Penal Unipersonal Supraprovincial Especializado en Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Justicia de Junín.
La Procuraduría ha solicitado una reparación civil de S/2,924,857.36, argumentando que Cerrón y otros exfuncionarios actuaron en beneficio del consorcio vial, lo que generó un daño patrimonial al Estado. Se les acusa de haber autorizado pagos por adelantos de materiales e insumos que no cumplían con los requisitos legales.
El abogado de Cerrón ha manifestado que la defensa se basará en una sentencia anterior de la Corte Suprema que absolvió a su cliente en un caso similar, argumentando que no se puede responsabilizar a un gobernador por las acciones de otros funcionarios. Además, ha enfatizado que la Procuraduría puede solicitar cualquier monto, pero que la responsabilidad debe ser evaluada en función de la participación real de Cerrón en los hechos.
A pesar de que el juicio civil no conlleva penas de prisión, Cerrón enfrenta otras investigaciones que sí podrían resultar en sanciones penales. Actualmente, tiene una orden de prisión preventiva por 24 meses en el caso de lavado de activos relacionado con los aportes a su partido, y también se encuentra bajo investigación en otros casos de corrupción.
El contexto de este juicio se enmarca en un ambiente de creciente preocupación por la corrupción en la política peruana, donde varios exfuncionarios han sido investigados y procesados por delitos similares. La Procuraduría busca establecer precedentes en la recuperación de fondos públicos y la sanción de actos de corrupción, mientras que la defensa de Cerrón argumenta que se deben respetar los derechos de los acusados y que las responsabilidades deben ser claramente definidas.
El caso de Cerrón es solo uno de los muchos que reflejan la lucha contra la corrupción en Perú, un tema que ha dominado la agenda política y judicial en los últimos años. La atención mediática y pública sobre este juicio será significativa, dado el perfil del acusado y las implicaciones que podría tener para el futuro político de su partido y de la región de Junín.