La situación penitenciaria en el País Vasco ha tomado un giro significativo desde que el Gobierno autonómico asumió el control de las prisiones en octubre de 2021. Con más de un centenar de presos de ETA beneficiados con el régimen de semilibertad, la controversia y el debate sobre la justicia y la memoria histórica se han intensificado. Este artículo examina los detalles de esta política, las reacciones de las víctimas del terrorismo y el impacto en el sistema penitenciario vasco.
**El Régimen de Semilibertad y sus Consecuencias**
Desde que el Gobierno vasco comenzó a gestionar las prisiones, se han concedido 103 terceros grados a internos de ETA, lo que representa un cambio drástico en la forma en que se manejan las condenas de estos presos. De acuerdo con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), solo el 34% de los presos de ETA cumplen su condena en régimen normal, mientras que el 66% restante se encuentra en condiciones de semilibertad, lo que les permite salir de prisión durante el día o cumplir su condena desde sus hogares.
Este cambio ha generado una serie de críticas y preocupaciones entre las víctimas del terrorismo. La concesión de la semilibertad a individuos como Francisco Javier Gallaga, condenado por múltiples asesinatos, ha desatado la indignación de organizaciones como Covite y la AVT. Estas entidades argumentan que la falta de arrepentimiento y la continua vinculación de estos presos con la izquierda abertzale evidencian que no cumplen con los requisitos necesarios para acceder a este régimen.
La AVT ha denunciado que el centenar de presos etarras que han sido beneficiados con el régimen de semilibertad no han colaborado con la justicia, lo que representa una «revictimización continua» para aquellos que sufrieron a causa del terrorismo. Este sentimiento se ve reforzado por el hecho de que, desde que la Consejería de Justicia y Derechos Humanos está bajo el control del Partido Socialista Vasco (PSE), se han otorgado 22 progresiones al tercer grado, de las cuales solo una ha sido a un interno no vinculado a la izquierda abertzale.
**Dimisiones y Crisis en el Sistema Penitenciario**
La implementación del nuevo modelo penitenciario vasco ha estado marcada por una serie de dimisiones en altos cargos del Gobierno. En los últimos seis meses, cuatro altos funcionarios han dejado sus puestos, lo que ha generado incertidumbre sobre la dirección del sistema penitenciario. La dimisión de Juan Carlos Romero, director general de Aukerak, tras solo tres meses en el cargo, ha sido particularmente notable. Su salida, junto a la de otros funcionarios clave, ha dejado un vacío en la gestión de un modelo que busca la reinserción de los presos.
La Consejería de Justicia ha enfrentado críticas no solo por la concesión de semilibertades, sino también por las condiciones laborales de los funcionarios de prisiones. La falta de personal y las protestas de los trabajadores han llevado a que un tercio de la plantilla se haya trasladado a otras cárceles españolas en el último concurso de traslados. Esta situación ha puesto en evidencia las dificultades que enfrenta el sistema penitenciario vasco, que se encuentra en un estado de crisis.
Además, el departamento de prisiones ha tomado medidas drásticas para controlar la información que se filtra a los medios de comunicación. Se han emitido advertencias a los funcionarios sobre posibles sanciones disciplinarias si comparten información sobre la situación de los presos, lo que ha suscitado preocupaciones sobre la transparencia y la rendición de cuentas en el sistema.
La situación actual en el País Vasco refleja un complejo entramado de políticas penitenciarias, derechos de las víctimas y la búsqueda de un equilibrio entre la reinserción y la justicia. A medida que el debate continúa, es evidente que las decisiones tomadas por el Gobierno vasco tendrán un impacto duradero en la percepción pública sobre la justicia y la memoria histórica en relación con el terrorismo en España.