El reciente escándalo que envuelve al ministro de Educación, Morgan Quero, ha generado un gran revuelo en el ámbito político y social del Perú. Se ha revelado que la hija de su sastre personal fue contratada en el Ministerio de Educación, lo que ha llevado a expertos en derecho penal a señalar posibles irregularidades y delitos en este proceso de contratación.
La contratación de Jhoany Yomona, hija de Pedro Yomona, quien confecciona los trajes del ministro, ha sido objeto de críticas y cuestionamientos. Según informes, Yomona recibió un total de S/32,000 desde su ingreso al ministerio en junio de 2024 hasta su reciente renuncia. Este hecho ha levantado sospechas sobre la legalidad y ética de la contratación, dado que la joven aún era estudiante universitaria y no contaba con un título profesional.
Los especialistas en derecho penal han indicado que existen elementos suficientes para que la Fiscalía de la Nación inicie una investigación contra Quero por presunta negociación incompatible o colusión agravada. La situación se complica aún más al considerar que este no es el primer escándalo en el que se ve involucrado el ministro. En 2024, la Fiscalía abrió una investigación en su contra por comentarios discriminatorios relacionados con las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte.
El contexto de la contratación de Yomona es particularmente relevante. Según declaraciones de Pedro Yomona, él se reunió con Morgan Quero en su despacho ministerial para solicitarle un puesto para su hija. Este encuentro, que tuvo lugar el 17 de mayo de 2024, ha sido considerado como un indicio de favoritismo y nepotismo, ya que la contratación se realizó sin un proceso de selección transparente.
Los abogados consultados han señalado que la contratación de la hija del sastre podría constituir un delito de colusión, ya que se utilizaron recursos del Estado para pagar su salario. La falta de un proceso de selección adecuado y la relación personal entre el ministro y el padre de la contratada son factores que agravan la situación. En este sentido, se argumenta que la contratación no solo es irregular, sino que también perjudica al Estado al generar gastos innecesarios.
Morgan Quero, quien ha sido un aliado cercano de la presidenta Dina Boluarte desde su tiempo como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, ha defendido su gestión ante las críticas. Sin embargo, su cercanía con la mandataria no ha sido suficiente para evitar el escrutinio público y las investigaciones que podrían derivarse de este caso.
La situación de Quero se complica aún más al considerar que, en el ámbito político, la percepción de corrupción y favoritismo puede tener repercusiones significativas en la confianza pública hacia el gobierno. La presión para que se realicen investigaciones exhaustivas y transparentes es cada vez mayor, especialmente en un contexto donde la ciudadanía demanda mayor responsabilidad y ética en la gestión pública.
Además de las implicaciones legales, este caso pone de relieve la necesidad de reformas en los procesos de contratación pública en el Perú. La utilización de contratos de locación de servicios, como en este caso, ha sido criticada por permitir la contratación de personal sin un concurso de méritos, lo que abre la puerta a prácticas corruptas y nepotismo.
En resumen, la contratación de la hija del sastre de Morgan Quero ha desatado un debate sobre la ética en la administración pública y la necesidad de garantizar procesos transparentes en la contratación de personal en el Estado. La situación actual del ministro y las posibles consecuencias legales que enfrenta son un reflejo de los desafíos que enfrenta el gobierno de Dina Boluarte en su búsqueda por recuperar la confianza de la ciudadanía y combatir la corrupción en sus filas.
