El juicio contra el expresidente Pedro Castillo, acusado de intentar un golpe de Estado el 7 de diciembre de 2022, ha continuado en la Corte Suprema, donde se han presentado testimonios clave que arrojan luz sobre los eventos de aquel día. Alejandro Salas, exministro de Trabajo y uno de los testigos más cercanos a Castillo, ha compartido detalles significativos sobre la situación política y las decisiones que llevaron a la crisis institucional.
El contexto del juicio se sitúa en un momento crítico para el país, donde la tensión política era palpable. El 6 de diciembre, un día antes del mensaje presidencial que desató la controversia, Salas participó en una reunión en el Palacio de Gobierno con otros ministros y asesores, donde se discutió la estrategia para enfrentar la moción de vacancia que se iba a votar en el Congreso. Durante esta reunión, se evaluaron los votos y se llegó a la conclusión de que la oposición no contaba con los 87 votos necesarios para destituir a Castillo.
Sin embargo, el 7 de diciembre, Castillo sorprendió a todos al emitir un mensaje a la nación en el que anunciaba la disolución del Congreso y la convocatoria a elecciones anticipadas. Este acto fue interpretado como un intento de golpe de Estado, lo que llevó a la renuncia de varios ministros, incluido Salas, quien afirmó que al escuchar el mensaje, comprendió que se estaba rompiendo el orden constitucional.
Salas relató que, tras escuchar el mensaje, se dirigió al Despacho Presidencial para confrontar a Castillo. En esta conversación, el expresidente justificó su acción diciendo que no tenía los votos para continuar en el cargo. Salas, visiblemente preocupado, decidió renunciar de inmediato, siendo el primer ministro en hacerlo. Su testimonio destaca la confusión y la sorpresa que sintieron muchos en el gabinete, quienes se preparaban para defender al presidente en el Congreso.
Además de Salas, otros testigos han corroborado la versión de los hechos. Luis Matkovich, exedecán de Castillo, y Juan Navarro Pando, exsecretario general del Ministerio de Cultura, han declarado que Betssy Chávez, entonces presidenta del Consejo de Ministros, fue quien coordinó la transmisión del mensaje presidencial, alegando que sería una entrevista. Esta maniobra ha sido vista como parte de un plan más amplio para llevar a cabo el golpe de Estado.
El juicio ha revelado no solo las decisiones individuales de los actores involucrados, sino también un contexto político más amplio en el que las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo estaban en su punto más álgido. La situación se complicó aún más con la renuncia de otros ministros y la rápida respuesta de las Fuerzas Armadas y la Policía, que se manifestaron en contra del intento de Castillo de disolver el Congreso.
El proceso judicial ha continuado con la presentación de nuevos testigos y la evaluación de las pruebas. La defensa de Castillo ha intentado argumentar que el mensaje no fue un golpe de Estado, sino un discurso político, pero los testimonios presentados hasta ahora han reforzado la acusación de que se trató de una violación clara del orden constitucional.
El juicio sigue siendo un tema candente en la política peruana, con implicaciones que van más allá de la figura de Castillo. La forma en que se desarrollen los acontecimientos en la Corte Suprema podría influir en el futuro político del país y en la percepción pública sobre la estabilidad del gobierno actual. A medida que se presentan más testimonios y se analizan las pruebas, la atención se centra en cómo se resolverá este caso y qué consecuencias tendrá para la democracia en Perú.
