El juicio contra el expresidente Pedro Castillo por su intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 ha tomado un giro significativo con las recientes declaraciones de testigos clave. En la última audiencia, el general (r) Jorge Angulo, quien ocupaba un alto cargo en la Policía Nacional del Perú (PNP) en el momento de los hechos, corroboró que Castillo dio órdenes directas para ejecutar su mensaje golpista. Esta revelación se suma a otros testimonios que apuntan a la complicidad de varios exministros en la trama que buscaba desestabilizar el orden constitucional.
Durante su declaración, Angulo relató que se encontraba en el despacho del general Vicente Álvarez, entonces jefe del Estado Mayor de la PNP, cuando se emitió el mensaje de Castillo. Angulo explicó que, tras el anuncio, Álvarez recibió una llamada del presidente, en la que se discutieron órdenes como el cierre del Congreso y la detención de la Fiscal de la Nación. Este testimonio es crucial, ya que establece un vínculo directo entre las acciones de Castillo y las decisiones tomadas por la PNP en ese momento crítico.
La llamada entre Castillo y Álvarez fue descrita por Angulo como un momento en el que se cuestionaron las razones detrás de las órdenes. El general relató que Álvarez repetía las preguntas del presidente, lo que sugiere que había una falta de claridad y justificación en las órdenes dadas. Este punto es vital, ya que refuerza la idea de que las decisiones tomadas por la PNP no fueron simplemente obediencia ciega, sino que había un debate interno sobre la legalidad de las acciones propuestas por Castillo.
Además de Angulo, otros testigos han corroborado la existencia de esta llamada y han señalado que la PNP y las Fuerzas Armadas se reunieron para discutir una respuesta conjunta al mensaje golpista. En una reunión convocada por Manuel Gómez de la Torre, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, se decidió emitir un comunicado en apoyo al orden constitucional, rechazando las acciones de Castillo. Este consenso entre las fuerzas armadas y la policía es un indicativo de que había un fuerte compromiso con la legalidad y la democracia en un momento de crisis.
Por otro lado, el juicio también ha puesto en el centro de la atención a varios exministros, como Betssy Chávez y Aníbal Torres, quienes han sido acusados de complicidad en el golpe. Durante las audiencias, se han presentado testimonios que sugieren que Chávez, en su rol como presidenta del Consejo de Ministros, estaba al tanto de las intenciones de Castillo y participó activamente en la elaboración de un decreto supremo que respaldara sus acciones. Este aspecto del juicio es particularmente relevante, ya que implica que no solo el presidente, sino también su gabinete, estaba involucrado en el intento de desestabilización del gobierno.
Los testimonios de los funcionarios de la PCM han revelado que, tras el mensaje golpista, hubo intentos de formalizar las órdenes de Castillo a través de un decreto supremo. Sin embargo, estos intentos fueron frustrados por la falta de un formato adecuado y la intervención de otros funcionarios que cuestionaron la legalidad de las acciones propuestas. Este detalle es crucial, ya que muestra que había una resistencia interna dentro del gobierno a llevar a cabo las órdenes de Castillo, lo que podría ser interpretado como un indicativo de que no todos estaban de acuerdo con el golpe.
El juicio continuará en las próximas semanas, con la citación de más testigos que podrían arrojar luz sobre el papel de otros actores en este intento de golpe de Estado. La declaración del general Raúl Alfaro, quien era el comandante general de la PNP en ese momento, se anticipa como un testimonio clave, ya que podría ofrecer una perspectiva adicional sobre las decisiones tomadas por la policía y las fuerzas armadas en respuesta a las acciones de Castillo.
A medida que avanza el juicio, la atención se centra no solo en las acciones de Castillo, sino también en la respuesta de las instituciones encargadas de proteger el orden constitucional. La evidencia presentada hasta ahora sugiere que hubo un esfuerzo coordinado por parte de las fuerzas armadas y la policía para resistir el golpe y mantener la democracia en el país. Sin embargo, la implicación de altos funcionarios en el intento de golpe plantea preguntas sobre la integridad y la lealtad de aquellos que estaban en el poder en ese momento crítico.
