La minería ilegal en Perú ha alcanzado niveles alarmantes, con proyecciones que indican que las exportaciones de oro ilegal podrían igualar, e incluso superar, a las legales en los próximos años. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), se estima que para 2025 el valor de las exportaciones de oro ilegal alcanzará los 12 mil millones de dólares, un incremento significativo en comparación con los 3 mil millones reportados en 2019. Esta situación se agrava por la falta de acciones efectivas por parte del gobierno y el aumento de la actividad de empresas procesadoras y comercializadoras de oro.
El crecimiento de la minería informal ha sido impulsado por la creación de nuevas empresas en el sector. En la última década, el número de procesadoras y comercializadoras de oro se ha triplicado, con un promedio de 82 nuevas procesadoras y 58 comercializadoras establecidas cada mes. Este auge no se limita al oro; la cadena de valor del cobre también ha visto un aumento en el número de actores involucrados en el procesamiento, lo que refleja un contexto de precios internacionales al alza y una fiscalización limitada.
Uno de los principales problemas asociados a la minería ilegal es el contrabando. La frontera con Bolivia se ha convertido en un canal clave para la salida de oro no registrado, lo que ha llevado a que la producción de oro en Bolivia se cuadruplicara en los últimos 15 años. Las cooperativas mineras en Bolivia, que operan en gran parte fuera del control estatal, han facilitado este contrabando, y la reciente autorización para que el Banco Central de Bolivia compre oro directamente a estas cooperativas ha abierto nuevas vías para el blanqueo de oro ilegal.
Además, el aumento de operaciones sospechosas vinculadas a la minería ilegal ha sido notable. Entre 2020 y 2024, el promedio anual de estas operaciones se multiplicó más de cinco veces en comparación con el periodo anterior. Este crecimiento se ha dado en un contexto de débil presencia estatal, donde el Índice Densidad del Estado (IDE) ha mostrado una disminución en los distritos con alta presencia de minería ilegal.
La situación es crítica, especialmente en regiones como La Libertad y Madre de Dios, donde la minería ilegal ha proliferado. La falta de control y regulación ha permitido que estas actividades continúen sin restricciones, lo que no solo afecta la economía formal, sino que también tiene repercusiones ambientales y sociales significativas.
Para abordar este problema, es fundamental que el Estado recupere su presencia en las áreas afectadas por la minería ilegal. Esto implica no solo el cierre de registros y la formalización de operadores, sino también la implementación de una estrategia integral que fortalezca la trazabilidad del oro, refuerce el control fronterizo y articule esfuerzos con países vecinos. Además, es crucial promover programas de desarrollo alternativo en las zonas impactadas por la minería ilegal, para ofrecer a las comunidades opciones viables que no dependan de esta actividad destructiva.
El desafío que presenta la minería ilegal en Perú es complejo y multifacético. La combinación de factores económicos, sociales y ambientales requiere una respuesta coordinada y efectiva por parte del gobierno y la sociedad civil. Sin una intervención adecuada, el riesgo es que la minería ilegal continúe expandiéndose, socavando los esfuerzos por establecer un sector minero formal y sostenible en el país.
