Recientemente, el Cuarto Juzgado Civil de Cusco ha otorgado una medida cautelar a favor de los trabajadores del hotel Sanctuary Lodge, ubicado en Machu Picchu. Esta decisión judicial surge en respuesta a la incertidumbre generada por el Gobierno Regional del Cusco (GORE Cusco), que ha decidido no renovar la concesión del hotel a Peru Belmond Hotels (PBH). La medida tiene como objetivo proteger los empleos de los trabajadores y garantizar la continuidad de las operaciones del hotel hasta que se designe un nuevo concesionario a través de un proceso de licitación.
La resolución judicial ordena al GORE Cusco abstenerse de realizar cualquier acción que pueda afectar el derecho al trabajo de los empleados del hotel. Además, establece que el Sanctuary Lodge debe continuar bajo la administración de PBH hasta que se otorgue una nueva buena pro. El contrato de concesión actual vence el 16 de mayo de 2025, y hasta la fecha, el GORE no ha convocado a un proceso de licitación para designar a un nuevo operador.
La falta de un plan claro para la transición operativa del hotel podría tener un impacto negativo en el empleo de cientos de personas y en la sostenibilidad económica de las comunidades locales que dependen del Sanctuary Lodge. Históricamente, la gestión estatal de bienes turísticos ha dejado mucho que desear, como se ha evidenciado en el caso del Hotel de Turistas de Cusco y la venta de boletos para Machu Picchu, lo que ha generado dudas sobre la capacidad del GORE para administrar el Sanctuary Lodge de manera eficiente.
El Colegio de Abogados de Cusco (CAC) ha respaldado la medida cautelar, enfatizando la importancia del hotel para el sector turístico y los derechos de los trabajadores en el principal destino turístico del Perú. En una conferencia de prensa, el decano del CAC, Franz Chevarría, instó al GORE a iniciar un proceso de licitación que atraiga a operadores con experiencia mundial, asegurando así la calidad de los servicios en esta infraestructura crucial.
La situación del Sanctuary Lodge es un reflejo de los desafíos que enfrenta el sector turístico en Perú, especialmente en un contexto donde la incertidumbre puede afectar tanto a los trabajadores como a la economía local. La medida cautelar representa un paso importante para salvaguardar los derechos laborales y la continuidad de un servicio que es vital para el turismo en Machu Picchu, un sitio reconocido mundialmente.
Los trabajadores del hotel han expresado su preocupación por el futuro de sus empleos, y esta decisión judicial les brinda un respiro temporal mientras se resuelve la situación de la concesión. La comunidad local también se beneficia de la continuidad del hotel, ya que su operación genera ingresos y empleo en la región.
El GORE Cusco tiene la responsabilidad de actuar con celeridad para garantizar que el proceso de licitación se lleve a cabo de manera transparente y eficiente, evitando así cualquier impacto negativo en el sector turístico y en la vida de los trabajadores que dependen de este empleo. La medida cautelar no solo protege a los empleados del Sanctuary Lodge, sino que también subraya la importancia de una gestión adecuada de los recursos turísticos en el país.
En resumen, la decisión del Poder Judicial de otorgar esta medida cautelar es un indicativo de la necesidad de proteger los derechos laborales y asegurar la continuidad de operaciones en un sector que es fundamental para la economía peruana. La atención ahora se centra en cómo el GORE Cusco manejará el proceso de concesión y si podrá atraer a operadores que garanticen la calidad y sostenibilidad del Sanctuary Lodge en el futuro.
