La fundición de Corrugados, ubicada en Getafe, ha tomado la difícil decisión de cerrar sus puertas de manera definitiva. Este anuncio, que afecta a 152 trabajadores, se produce en un contexto de creciente presión social y regulatoria, así como de desafíos económicos que han hecho insostenible la operación de la planta. La situación ha sido complicada durante varios años, marcada por conflictos con los vecinos y la administración local debido a problemas de ruidos y emisiones contaminantes, incluyendo una reciente fuga de material radiactivo que ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad ambiental en la zona.
La empresa, que forma parte del Grupo Industrial CL, ha comunicado que el proceso de desmantelamiento comenzará el 7 de mayo. Este cierre no es solo una cuestión de viabilidad económica, sino que también responde a un endurecimiento de las normativas ambientales impuestas por la Comunidad de Madrid. En particular, la renovación de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) prohibió a la fundición operar durante la noche, un cambio que ha sido considerado un obstáculo insalvable para la continuidad de la actividad. La empresa argumenta que operar en horarios nocturnos es crucial para mantener la rentabilidad, dado que los precios de la electricidad son más bajos en esos momentos.
### Presión Vecinal y Cambios Regulatorios
La presión de los vecinos ha aumentado en los últimos años, especialmente con el crecimiento demográfico de Getafe, que ha llevado a que las viviendas se encuentren a escasa distancia de la fábrica. Este cambio en la dinámica urbana ha hecho que las quejas sobre ruidos y contaminación sean más frecuentes y contundentes. La comunidad ha exigido respuestas y acciones por parte de las autoridades, lo que ha contribuido a la decisión de cerrar la planta.
Además, la situación se ha visto agravada por la política arancelaria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha alterado los flujos de acero en el mercado europeo. La producción de acero en Asia ha comenzado a llegar a Europa más rápidamente que la de América, lo que ha incrementado la competencia y ha puesto en riesgo la viabilidad de la planta de Getafe. La combinación de estos factores ha llevado a la empresa a la conclusión de que no puede continuar operando en un entorno tan adverso.
### Repercusiones para los Trabajadores
El cierre de Corrugados no solo representa un golpe para la economía local, sino que también plantea serias preocupaciones para los empleados que se verán afectados por el ERE. La empresa ha anunciado que iniciará conversaciones para negociar la reubicación de los trabajadores en otras plantas del grupo, que cuenta con varias instalaciones en toda España. Sin embargo, la incertidumbre sobre el futuro laboral de estos empleados es palpable. Muchos de ellos se preguntan qué tipo de transición justa se les ofrecerá, dado que han dedicado años de su vida a la fundición y ahora se enfrentan a un futuro incierto.
El Comité de Empresa ha expresado su dolor ante la decisión de cerrar la planta, recordando que esta instalación ha sido parte de la historia de Getafe durante 78 años. La noticia ha sido recibida con tristeza y preocupación, ya que muchos trabajadores sienten que su legado y el de sus familias están siendo borrados de un plumazo. La falta de alternativas laborales viables en la región añade un nivel adicional de angustia a la situación.
A medida que se avanza en el proceso de cierre, se espera que la empresa implemente programas de apoyo a la transición profesional, colaborando con agencias tanto públicas como privadas para ayudar a los trabajadores a encontrar nuevas oportunidades. Sin embargo, la efectividad de estas medidas aún está por verse, y muchos empleados se sienten escépticos sobre la posibilidad de encontrar un nuevo empleo en un mercado laboral que ya es complicado.
El cierre de Corrugados en Getafe es un claro ejemplo de cómo las dinámicas económicas, sociales y regulatorias pueden converger para afectar a una comunidad entera. La situación pone de relieve la necesidad de un diálogo más efectivo entre las empresas, las autoridades y los ciudadanos para abordar las preocupaciones ambientales y laborales de manera que se protejan tanto los intereses económicos como la salud y el bienestar de la población local.