La situación del sistema penitenciario en Perú ha alcanzado niveles críticos, con un hacinamiento alarmante en las cárceles del país. En respuesta a esta problemática, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, ha anunciado la implementación de acciones concretas para redistribuir a la población penitenciaria, un esfuerzo que se enmarca dentro de un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que data de mayo de 2020. Este fallo estableció que el hacinamiento en los establecimientos penitenciarios es inconstitucional y ordenó la adopción de medidas para corregir esta situación en un plazo de cinco años.
El ministro Arana destacó que el gobierno de Dina Boluarte ha roto con la inercia de años anteriores, donde la política penitenciaria fue desatendida. Según sus declaraciones, se han asignado presupuestos para ampliar la cobertura de los penales y mejorar las condiciones de rehabilitación. Sin embargo, no se han proporcionado detalles específicos sobre el monto de estos presupuestos ni sobre el cronograma para la redistribución de reos.
Recientemente, se llevó a cabo un operativo en el penal Ancón I, donde se intervinieron todos sus pabellones, con la participación de diversas fuerzas del orden. Este tipo de acciones se espera que se repitan en otras cárceles del país, según lo prometido por la presidenta Boluarte, quien también ha enfatizado la necesidad de realizar requisas sorpresivas para evitar que los reclusos continúen con actividades delictivas desde el interior de las prisiones.
La presidenta Boluarte ha responsabilizado a administraciones anteriores por el aumento de la criminalidad y el abandono del sistema penitenciario. En sus declaraciones, afirmó que su gobierno ha asignado “presupuestos históricos” a la Policía Nacional y está trabajando en conjunto con el sector privado para construir más cárceles y comisarías, argumentando que la seguridad no puede existir sin la infraestructura adecuada.
A pesar de estas promesas, las cifras del Registro Nacional de Detenidos y Sentenciados a Pena Privativa de la Libertad Efectiva (RENADESPPLE) revelan que la mayoría de las detenciones en el primer trimestre de 2025 han sido por delitos menores, como conducir en estado de ebriedad y violencia familiar, mientras que los delitos graves como homicidio y extorsión representan menos del 1.5% de las detenciones. Esto plantea interrogantes sobre la efectividad de las políticas de seguridad y la verdadera magnitud del problema del crimen en el país.
En un esfuerzo adicional por mejorar la seguridad pública, Boluarte promulgó una ley destinada a profesionalizar a los serenos municipales, con el objetivo de convertirlos en aliados eficaces de la Policía Nacional. Esta norma busca mejorar los procesos de selección, capacitación y entrenamiento de los serenos, quienes desempeñan un papel crucial en la seguridad de las comunidades.
El Ministerio de Justicia ha anunciado una asignación de S/251 millones para reactivar la construcción del megapenal de Ica, un proyecto que ha estado estancado durante más de una década. Este nuevo centro de reclusión está diseñado para albergar a más de 3,000 presos, pero su avance ha sido lento y ha enfrentado múltiples obstáculos.
La situación actual del sistema penitenciario en Perú es un reflejo de problemas más profundos en la gestión de la seguridad y la justicia. La falta de recursos y la ineficiencia en la implementación de políticas han llevado a un estado de cosas que requiere atención urgente. La redistribución de la población penitenciaria es solo una parte de un enfoque más amplio que debe incluir la mejora de las condiciones de vida en las cárceles, la rehabilitación efectiva de los reclusos y la prevención del delito desde sus raíces.
A medida que el gobierno avanza en la implementación de estas políticas, será crucial monitorear su efectividad y el impacto que tendrán en la reducción del hacinamiento y la mejora de la seguridad ciudadana en Perú. La colaboración entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado será fundamental para abordar estos desafíos de manera integral y sostenible.
